Parece que, tras dos años de gobierno, al final el partido popular va a cumplir una (¿la única?) de sus promesas electorales. Se trata de la nueva regulación del aborto. Como no podía ser de otra forma, en aplicación de la neolengua a la que nos tiene tan acostumbrados este gobierno le coloca un nombre (no pienso molestarme en reproducirlo) que dice lo contrario del contenido real del proyecto de ley, de la misma forma que las famosas «sostenibilidades» del sistema nacional de salud o de las costas o la ley de «seguridad ciudadana» que lo único que asegura es que si manifiestas tu libertad de pensamiento y expresión en contra del gobierno puedes acabar muy mal.
Leí hace unos días a alguien que se preguntaba qué les parecería a los partidarios de esta nueva ley si un ministro de salud que fuese testigo de Jehová prohibiera las transfusiones de sangre e incluso los trasplantes y las vacunaciones. Parece que a los testigos de momento no les da por ahí, pero a algunos ultracatólicos si quieren hacerlo a su manera.
En el tema del aborto el debate puede ir muy lejos. Podemos hablar sobre cuándo empieza la vida, pero para ello deberíamos definir primero qué es vida y más aún qué es vida humana. Ahora mismo no creo que la ciencia pueda, ni creo que deba, afirmar con seguridad en qué momento empieza esta vida. Digo que no creo que deba porque este debate está demasiado influido por ideas ajenas a la ciencia, ideas religiosas que afirman que la vida es un don de dios, sólo basadas en la fe.
Si definimos la vida como la capacidad de existir de forma independiente y separada del cuerpo materno, el feto no es viable hasta pasados unos cuantos meses de embarazo, cuando si se adelantara el parto, sería posible su vida fuera del útero. Pero si entramos en el debate de qué es vida humana, las «exigencias» serían mayores y no sólo afectarían al caso del aborto sino de la eutanasia por ejemplo y este es otro debate y da para mucho además.
En agosto del año pasado en la entrada titulada LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y SU RELACIÓN CON LA SALUD, decía entre otras cosas: Los entornos de riesgo en los que a veces se ven obligadas a someterse a abortos muchas mujeres reflejan no solo la desesperación de estas mujeres sino, también, y, a menudo, la pasividad del Estado a la hora de respetar, proteger y realizar los derechos de la mujer. Y también que, entre los principios básicos para intervenir en salud sexual y reproductiva, estaban los del principio de ciudadanía y el de laicidad y democracia real.
En el caso de España la pasividad del estado se ha acabado. El proyecto de ley supone una intromisión en toda regla en los úteros de las mujeres, una intervención del gobierno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y de los hombres, españolas, contraviniendo de forma brutal los dos principios que antes he señalado.
El de laicidad porque lo hace en respuesta a las demandas de la jerarquía católica española, una de las más fundamentalistas del mundo con Rouco a la cabeza, y a la propia ideología (alguien la califica de cristofascista) del ministro Gallardón. Esto convierte a esta ley en injusta, paternalista, autoritaria, degradante y machista.
El de ciudadanía porque por un lado convierte a la mitad de la población española, las mujeres, en menores de edad que necesitan ser tuteladas por el Estado y la iglesia y porque además el 70 por ciento de los españoles nos manifestamos cómodos con la actual ley de plazos. Lo que hace que está ley sea, además, innecesaria.
Pero todavía más, esta es una ley contraproducente y peligrosa porque está demostrado que con leyes restrictivas no sólo no disminuyen los abortos sino que aumentan y también lo hacen los riesgos para la salud de las madres, las pobres por supuesto, que tiene que abortar en condiciones inseguras.
Además, la no inclusión del supuesto de malformaciones del feto, la convierte en una ley cruel porque obligará a tener niños no deseados y con malformaciones importantes, al tiempo que vacían de contenido la ley de dependencia que puede ayudar a sobrellevar a duras penas la carga que supone, una vez más de forma más importante, en familias con menos medios, lo que también la hace una ley clasista.
En fin, tengo muy claro que eso que el ministro califica como la ley más progresista del mundo mundial, no es más que la imposición de su fanatismo e intolerancia y demuestra que aquel que se presentaba como el progresista de la derecha española, es un misógino empedernido, hipócrita y meapilas.
En cuanto a aborto, sólo una ley de plazos razonable como la actual, y con la que el último año se han reducido un 5% los abortos, junto con una buena educación sexual y para la salud y un buen sistema de Atención Primaria de Salud, que incluya la salud sexual y reproductiva, son garantía del respeto de los derechos de todas y todos.
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