Este año, la OMS ha destinado el día mundial de la salud a la salubridad de los alimentos y señala que los alimentos que contienen virus o bacterias, parásitos o sustancias químicas nocivas causan más de 200 enfermedades, desde la diarrea al cáncer y provoca dos millones de muertes al año, en su mayoría niños.
Con la globalización de los suministros alimentarios, la OMS señala que es imprescindible reforzar los sistemas de vigilancia de la inocuidad de los alimentos en todo el mundo. A través del Codex Alimentarius, la OMS a ofrece un conjunto de normas directrices y códigos de prácticas sobre los principales alimentos y procesos.
De cara a este día mundial, la OMS ha publicado cinco claves para la inocuidad de los alimentos que ofrece a los vendedores y consumidores orientaciones prácticas sobre cómo manipular y preparar los alimentos: Mantener la limpieza, Separar alimentos crudos y cocinados, Cocine los alimentos completamente, Mantener los alimentos a temperaturas seguras, y Usar agua y materias primas inocuas.
Pero la seguridad de los alimentos no depende solo, ni mucho menos, de vendedores y consumidores. Empezando por los productores, pasando por los transformadores y distribuidores y, como no, por los poderes públicos que son responsables de fijar normas y velar por su cumplimiento para tratar de garantizar que los alimentos que tomamos sean seguros.
La alimentación es uno de los determinantes sociales básicos que definen que la salud sea buena o no, más que la propia atención sanitaria, pero hay más, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25, reconoce el derecho a la alimentación como un bien primordial que debe ser protegido. Sin embargo, entre 2010 y 2012 ha habido 870 millones de personas en el mundo subalimentadas, el 12,5% de la población global.
Como en tantas otras cuestiones la desigualdad es lo que caracteriza a este grave incumplimiento de un derecho humano. Así pasa que mientras en España, una familia gasta al mes aproximadamente el 15% de la renta familiar en la compra de alimentos, en muchos lugares del mundo, la parte dedicada a la alimentación representa más del 80% de los ingresos familiares, sin que ello les permita disfrutar de una alimentación equilibrada.
Hoy, a pesar de las innovaciones agroalimentarias y de las mejoras alcanzadas en los sistemas de producción agrícola y los transportes, según el Informe sobre la inseguridad alimentaria en el mundo de la FAO, en 2012 había más hambrientos que en 1990.
En la subalimentación lo importante es, sobre todo, la falta de micronutrientes esenciales, en el otro lado de la moneda, el exceso de nutrientes que se acumulan provoca un deterioro grave de la salud por sí mismo, obesidad, o facilitando la aparición de enfermedades crónicas como diabetes, enfermedad cardiovascular hasta cáncer.
También en este aspecto la OMS propone límites a los contenidos máximos de ciertos alimentos, como los 25 gramos de azúcar añadido diario para prevenir la obesidad, sobre todo la infantil, y propone la limitación de publicidad sobre alimentos que contengan más azúcar, sobre todo en horario infantil. Demasiadas veces en España se incumplen estos criterios, el gobierno deja en manos de las empresas alimenticias su autorregulación y hay muestras de que ese sistema, sencillamente, no funciona, como está demostrando y denunciando la campaña 25gramos.
La globalización de los suministros de alimentos, lo que ha ocurrido es que un puñado , cinco, de grandes transnacionales controlan el mercado de semillas, abonos, así como el almacenaje, la distribución y la venta de los productos alimentarios. Estas empresas junto a fondos de inversión en futuros que especulan con los precios de los alimentos esenciales, ejercen un control sobre el precio de los productos que les permite obtener beneficios muy sustanciosos y, además, deja a merced de su codicia a millones de personas pobres cuyo acceso a los alimentos esenciales —el trigo, el maíz, el arroz— se ve mortalmente restringido.
La extensión cada vez mayor de monocultivos en grandes superficies, destinada a la alimentación del ganado que comemos o a biocombustibles nada ecológicos o para la exportación de flores para adorno provoca que, en demasiadas ocasiones, se expulse a los campesinos que antes producían en ellas su comida y un pequeño excedente para vender.
Hablar de alimentación no puede ser solo de productos agrícolas, hay que hacerlo también sobre la producción ganadera, pero no solo por lo nocivo para la salud del consumo excesivo de carne. La ONU emitió el informe: “La sombra alargada de la ganadería. Aspectos medioambientales y alternativas”, en el que se establece que el sector ganadero emite más gases de efecto invernadero que el del transporte, incluido el aéreo, en concreto, un 40% más. Ese mismo informe de la ONU cuantificaba en el 33% la superficie terrestre utilizada por la ganadería para producir comida para los animales y que el 70% de la selva deforestada en América Latina es para producir forraje para alimentar ganado.
Es necesario que la visión sobre la alimentación deje de ser la seguridad, que está cada vez más claro que es inseparable de la soberanía alimentaria, que el derecho a la alimentación, a una alimentación sana y justa, debe asociarse al derecho a decidir qué queremos sembrar, cómo lo queremos sembrar, para qué queremos sembrar, dónde y qué vender, qué semillas queremos usar y que se debe separar definitivamente de la especulación y del beneficio escandaloso de unos pocos con las necesidades de todos.
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